Madrid — Nuevos detalles salen a la luz sobre la gestión interna del polémico rescate a la aerolínea Plus Ultra. Según ha trascendido este jueves, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) eliminó el órgano de control interno que había alertado de posibles irregularidades en la concesión de los 53 millones de euros a la compañía aérea. La maniobra, ejecutada bajo la dirección de la presidenta del ente, Belén Gualda, tuvo como objetivo neutralizar la fiscalización interna y “tener las manos libres” para gestionar el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

“Tener las manos libres”

Fuentes cercanas al organismo público señalan que la primera gran decisión de Gualda al asumir el cargo no fue de carácter estratégico industrial, sino orgánico: la destitución de facto de Manuel Alves, quien hasta entonces presidía el departamento de Planificación y Control. Este órgano actuaba como un filtro técnico riguroso por el que debían pasar todas las operaciones de la SEPI antes de su aprobación.

“La gente de ese departamento era muy buena y era muy difícil que se la colaran”, aseguran voces internas del ente, que interpretan el desmantelamiento de este equipo como un paso necesario para que la operación de Plus Ultra —y otras ayudas cuestionadas— pudieran prosperar sin la oposición de los técnicos de la casa. La eliminación de este contrapeso interno facilitó que los expedientes avanzaran a pesar de las dudas sobre la elegibilidad de la aerolínea, que posteriormente han sido objeto de escrutinio judicial.

La Fiscalía Anticorrupción entra en escena

Esta revelación coincide con un momento crítico para la causa judicial. Tras meses de investigaciones y el reciente registro de la sede de la aerolínea por parte de la Policía el pasado mes de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido asumir el caso, prometiendo llegar hasta el fondo del asunto.

La investigación busca esclarecer si el desmantelamiento de los controles internos en la SEPI fue una acción deliberada para favorecer a terceros, saltándose los procedimientos de buena gobernanza que rigen el uso de fondos públicos. La tesis que cobra fuerza es que la concesión del rescate no fue un error administrativo, sino una operación en la que se apartó conscientemente a quienes tenían la función de vigilar la legalidad y viabilidad financiera de las ayudas.

Un rescate bajo sospecha permanente

El “caso Plus Ultra” se mantiene vivo no solo por la cuantía de la ayuda, sino por la naturaleza de la compañía beneficiaria, que en el momento del rescate apenas contaba con actividad y cuya estructura accionarial ha suscitado numerosas sospechas de vínculos políticos. La decisión de la SEPI de prescindir de su propio “perro guardián” interno añade una nueva capa de responsabilidad a la cúpula directiva del holding estatal, que ahora deberá explicar ante la justicia por qué consideró necesario silenciar a sus propios auditores internos en mitad de una crisis económica nacional.